Rolando Vilca Begazo
Desde la Defensoría del Pueblo, Rolando Luque Mogrovejo, ha seguido al detalle los conflictos sociales del país y esa experiencia le permite analizar la situación actual y proponer algunas recomendaciones al gobierno que, en unos días más, asumirá Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
¿El escenario de conflictividad social que asumirá Pedro Pablo Kuczynski será similar al que tuvo Ollanta Humala en su momento?
Tiene algunas semejanzas porque hay problemas que no se han superado. Se mantiene la desconfianza de los actores sociales respecto al papel del Estado, todavía hay situaciones de tensión entre empresas y comunidades. Hay problemas en el ejercicio de alcaldes distritales, que hicieron promesas en campaña y ahora no pueden cumplirlas, y eso provoca molestia en sus poblaciones. Tenemos también problemas de demarcación territorial, hay cerca de 1,500 fronteras no demarcadas entre distritos, provincias y regiones, y si no tenemos ese número de conflictos es porque en todo lugar no hay lo que podemos llamar un objeto de codicia, como agua, minerales, bosque.
¿En qué medida este escenario podría agravarse?
Es muy difícil hacer predicciones científicas pero lo que sí se puede hacer es un análisis de escenarios posibles y todo depende de cuáles sean los pasos de este gobierno en dirección a construir un sistema de prevención de conflictos sociales, que es fundamental.
¿En el tema de conflictos sociales se deberían replantear algunas cosas?
En principio, me parece que no se debería abandonar lo que se ha hecho, más bien hay que fortalecerlo o potenciarlo. Son tres las capacidades que hay que tomar en cuenta, porque atender la conflictividad no solo es un asunto de mesas de diálogo, en primer lugar está el tema de la gestión pública, por ejemplo necesitamos conocer si se continuará con el ordenamiento territorial y con la zonificación económica y ecológica, para saber de manera preferente dónde se deben realizar determinadas actividades.
El sistema de evaluación ambiental ha pasado ahora a manos de Senace (Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones), como un órgano adscrito al Ministerio del Ambiente, con una constitución mucho más plural y altamente técnica. Esa es una buena noticia, por consiguiente es mucho más confiable que cuando era el propio sector (minero o construcción, por ejemplo) el que aprobaba los estudios de impacto ambiental. También es importante fortalecer la consulta previa, que es un proceso irreversible y eso lo deben tener bien interiorizado las empresas y el Estado.
Una policía especializada
¿A qué se refieren las otras capacidades?
Una segunda capacidad es la de gestionar la conflictividad social, lo que es parte de este sistema de prevención de conflictos sociales, y la tercera gran capacidad es la gestión de seguridad. En los últimos cinco años han muerto 73 personas y resultaron heridas 2,300 en conflictos sociales. Claro, unos dirán que mueren más en las carreteras o en los enfrentamientos de la policía con la delincuencia común, pero aquí hablamos de ciudadanos que salen a las calles a protestar, o que mueren por balas perdidas, por el uso inadecuado de bombas o enfrentamientos entre grupos de civiles, entre comunidades, o también en el caso de los policías, que son agredidos de una manera brutal cuando ya están rendidos.
Un gran objetivo para Kuczynski, en matera de conflictos sociales, es que nadie debe morir en protestas sociales en el Perú. Eso significa cumplir la ley de uso de la fuerza, que es una buena norma que salió el año pasado y cuyo reglamento debe salir en este gobierno; significa que la policía debe ser especializada en conflictos sociales. Los policías no son responsa-bles de resolver los conflictos, pero sí están obligados a comprenderlos, porque no es igual enfrentar al narcotráfico, terrorismo o delincuencia común y (asumir) un operativo de restablecimiento del orden público con ciudadanos que protestan. Entonces, deben saber hasta dónde intervenir, cómo hacerlo y cuál es el plan de operaciones que se aplicará para cada caso.
¿Esta especialización debería ser parte de la reforma policial que tiene previsto implementar PPK?
Por su puesto, así como establecer una relación muy cercana entre quienes gestionan el conflicto y quienes intervendrán en la reposición del orden público, para que la policía se informe de la naturaleza del conflicto, sobre quiénes son los actores, cuáles son los problemas y en qué contexto se da esta situación. Así podrán graduar bien su plan de intervención para evitar desenlaces trágicos.
¿Las mesas de diálogo también deberían ser parte de este mecanismo para evitar más muertes?
Desde luego. El objetivo principal de prevenir conflictos es que no muera nadie. En segundo lugar, resolver los problemas y un tercer aspecto, es encargarse de que los acuerdos se cumplan, de lo contrario el conflicto regresa. Por eso necesitamos una policía especializada, la Cruz Roja Internacional está ayudando mucho en este aspecto, además hay un proyecto de crear una policía especializada en esta materia. También se necesita dotarla de suficiente equipamiento; las armas no letales evitan que la policía haga uso del arma letal.
¿Qué zonas del país son las más conflictivas?
De acuerdo a nuestro reporte, Apurímac, Ancash, Cajamarca, La Libertad, Ayacucho son regiones con alta conflictividad. En el caso de Cajamarca y Ancash porque hay una alta concentración de proyectos mineros. Pero también se nota que en aquellos lugares donde hay más conflictividad, lo que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llama el Índice de Densidad del Estado (IDE) es medio o bajo, es decir hay una baja presencia del Estado. Entonces, en aquellos lugares donde hay poco Estado, esa estructura de intermediación de las demandas sociales no funciona y así las vías (carreteras) son más fáciles de ser tomadas.
¿El sector extractivo es el más conflictivo?
Los conflictos socio-ambientales son alrededor del 60% de los conflictos del Perú y dentro de ellos, están los de hidrocarburos, residuos sólidos, energía eléctrica, y (claro) los más numerosos tienen que ver con la actividad minera.
Conga y Tía María
¿Qué escenario percibe para los proyectos mineros de Conga y Tía María?
Estos escenarios no se moverán por sí solos. Cambiarán de acuerdo a las decisiones que se tomen y esperemos que sean lo más convincentes para la población, aunque no creo que sea prudente acelerar los procesos cuando la situación no tiene cierta madurez todavía. El Estado debe acompañar este proceso, crear nuevas condiciones para dialogar y si esto se logra y, si la población decide darle una oportunidad para el diálogo, allí recién se podría acelerar el paso.
En el caso de Arequipa, ¿de qué forma se podría retomar Tía María?
Hay que ir despacio, pero seguro. De lo que se trata es de recuperar la confianza de la población y eso, implica medidas que deben ser tomadas desde el Estado. Es una zona de estrés hídrico donde la agricultura es la actividad principal. Por muchos años se habló de la necesidad de represar agua para garantizar el riego, la represa del Paltiture rondaba a todos los gobiernos regionales y locales, sin embargo todavía no vemos que sea realidad.
Si se garantiza al agricultor no solo agua todo el año, sino la posibilidad de ampliar frontera agrícola en esa zona, entonces estamos creando condiciones reales para volver a conversar del tema. Esto no quiere decir que una vez construida Paltiture debe salir Tía María, no. Su construcción pone en mejor pie para volver a conversar, y superar este episodio muy traumático.
Algunos analistas consideran que Tía María no saldrá con Southern Perú, por lo que tal vez sería adecuado promover la participación de otro inversionista.
La Defensoría del Pueblo no supervisa a las empresas privadas, salvo a las que prestan servicios públicos, de tal manera que no puedo opinar al respecto.
En el caso de Conga, la situación parece más complicada.
En Cajamarca hay una fuerte resistencia. No olvidemos que Gregorio Santos fue elegido gobernador regional con una alta votación y en esta última elección (presidencial) también tuvo el mismo respaldo. Esta señal de que el principal actor de la oposición al proyecto minero tenga un respaldo mayoritario le indica a uno que las cosas no están como para reimpulsarlas. Pero de todas maneras, con el tiempo, las empresas deben hacer algunos ajustes en sus políticas de responsabilidad social, que su política de acercamiento sea transparente y se perciban los beneficios. Esto hará que en la mayoría de los casos, los proyectos funcionen.
Protestas Vs minería
¿La inversión minera es potencialmente conflictiva?
Tenemos alrededor de 900 unidades de producción y exploración en el Perú y existen más o menos unos 80 conflictos sociales vinculados a la minería. Entonces no vivimos en un país convulsionado y tampoco las protestas han anulado la actividad minera. No habríamos crecido (económicamente) como (se ha logrado) en los últimos años sino hubieran proyectos mineros que se desarrollen en el país, de tal manera que las comunidades y empresas demostraron que se pueden poner de acuerdo cuando dialogan en el momento oportuno, con toda transparencia y confianza. Entonces, por qué no repetir en otros proyectos esta fórmula que ha dado resultados.
¿Es exagerado afirmar que el modelo económico neoliberal, que impulsó la extracción de materias primas, haya contribuido a crear más conflictividad social?
Más allá del concepto, siempre discutible, creo que los mercados abiertos en general producen este tipo de tensiones. El Perú es un país muy diverso y cuando llega una compañía minera con estándares internacionales, con tecnología de punta y un lenguaje distinto y entra en contacto con poblaciones cuyos medios de vida son el agua, la tierra y el bosque, es inevitable que surjan algunas tensiones. Allí, lo inteligente es procesar estas tensiones y bajarlas al mínimo, y que la población perciba que esta inversión le puede significar una expectativa importante de empleo directo e indirecto, de tributos a través del canon, que pueden lograrse acuerdos directos para el desembolso de dineros que vayan a infraestructura, educación y planes concertados de desarrollo. Entonces, esos ingresos excepcionales tienen que transformarse en el aparato productivo de la zona y proyectos sostenibles en el tiempo.
