Rolando Vilca Begazo
Tal como está diseñado el Programa Municipal de Vivienda (Promuvi) a cargo del Municipio Provincial de Arequipa ¿tiene futuro o no?
Pienso que no. Es una buena intención, pero se han obviado pasos legales muy importantes. En primer lugar, los terrenos que hay en la provincia de Arequipa no son necesariamente de la Municipalidad Provincial de Arequipa y por ley los administra el Gobierno Regional de Arequipa. Entonces de ahí, si quieres construir casas, lo primero que debes tener es un terreno y la Municipalidad pareciera que no lo tiene.
Eso tiene su correlato con el pronunciamiento de la Superintendencia de Bienes Nacionales que aclaró que los terrenos del sector La Frontera en Mariano Melgar no son de propiedad de la Municipalidad y por lo tanto no puede disponer de ellos.
Claro. Es que muchos piensan que el cerro que tienen al frente es de la municipalidad porque está dentro de su jurisdicción, pero esa es una percepción. La ley ha establecido que los terrenos eriazos que no tienen propietario y no pertenecen a las comunidades campesinas y nativas son del Estado; y por efecto del proceso de descentralización y transferencia de competencias son administrados por el Gobierno Regional. Lo que cabe es que el Municipio solicite al Gobierno Regional su adjudicación.
En todo caso, ¿qué hay detrás de esta premura de la gestión de Alfredo Zegarra por sacarlo a toda costa y pese a los problemas que no termina de superar?
Pensando bien, entusiasmo. Yendo a la realidad, hay una demanda de terrenos, de viviendas que no está satisfecha, por lo tanto es una oportunidad de ofrecer a las personas algo que no tienen.
¿Se puede descartar que detrás de esto haya un interés político en canalizar esta necesidad hacia un respaldo electoral ante una nueva candidatura de Alfredo Zegarra?
Pero es obvio, en los particulares es el interés del mercado y en los políticos, el interés por captar votos.
Otro aspecto que se cuestiona al Promuvi es la entrega de lotes, que no resolvería la necesidad de una vivienda que tienen miles de familias. Incluso, el reglamento señala que los beneficiarios deberán hacer viable el acceso a los servicios básicos.
Así es. Aparte de que la Municipalidad no necesariamente es dueña de los terrenos que están dentro de su jurisdicción territorial, hay otro problema de fondo: se habla de lotes de terrenos para vivienda, es decir deben ser lotes urbanos. La pregunta es ¿hay algún terreno suficientemente grande dentro del área urbana de Arequipa y donde se pueda construir viviendas? No hay. Entonces ¿qué ocurre?, un terreno urbano para la ley es aquel que cuenta con agua, desagüe, servicios de electricidad, vías de comunicación y, ahora, acceso a gas e internet. A un privado la Municipalidad le exige estos requisitos para venderle un terreno y que ejecute allí proyectos de vivienda.
Eso es lo contradictorio en el caso del Municipio Provincial, que no cumple sus propias exigencias.
Así es. Lo que ofrece es vender terrenos. La pregunta es ¿son urbanos?, pueden estar dentro del área de expansión urbana pero eso no significa que sean urbanos. Para que sea urbano según la ley, se pasa por un proceso para convertir un terreno agrícola o eriazo en urbano, sino estamos simplemente ante una ilusión.
El mismo Órgano de Control Interno (OCI) del Municipio Provincial observó la creación del Promuvi, porque asume funciones de otras áreas y, además, al ser un órgano no estructurado legalmente, sus acciones serían inválidas.
Obviamente el OCI habrá verificado si esa oferta [de terrenos] es viable, y por lo que se conoce hasta el momento no lo es, porque no hay terrenos y si los tiene no están listos para ser habitados por la población.
Una nueva ciudad
En todo caso ¿qué le corresponden a la Municipalidad Provincial de Arequipa?
En una ciudad saturada como Arequipa, necesitamos crear una nueva ciudad. Para ello no basta decir que será en el cono norte, La Joya o el famoso proyecto de ciudad Majes, y luego vemos que todos ellos fueron un fracaso. Eso era una crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué?, primero, porque en estas zonas ¿había cómo llegar desde Arequipa sin congestión de tránsito?; segundo, ¿en esos lugares tienen una planta de tratamiento de residuos sólidos?, ¿tienen una planta para tratar las aguas servidas?, ¿tienen una planta para agua potable?, no. Y menos si hablamos de gas. Eran fracasos anunciados.
Lo primero que se debió hacer era dotarlos de servicios. Solo así la inversión privada después puede urbanizar y vender los lotes. Es así como funciona. Esto no es invento mío. Está en las normas.
En el caso del Promuvi, ¿se actúa en sentido contrario?
Exacto. Estamos poniendo la carreta delante de los caballos, como siempre se ha hecho en el país y no solo en este gobierno municipal. ¿Por qué hay traficantes de lotes?, porque el Estado no hace una oferta para que la inversión privada construya. Ante una demanda [por viviendas] o interviene el Estado en su función de fomentar o interviene la informalidad.
Lo más grave es que pese a este panorama, el Municipio Provincial iniciará el proceso de inscripción de postulantes al Promuvi el 22 de mayo. Así, ¿a qué conduciría todo este proceso?
A nada. Porque si no se tiene definido dónde estará ubicado el terreno, ¿qué se está vendiendo?, ilusiones. Y luego nos quejamos de los traficantes de lotes.
Entonces, ¿qué salida plantea usted ante este escenario?
Que se sinceren las cosas y se diga que no hay terrenos. La intención fue promover esto, pero no hay terrenos.
¿Usted cree que el alcalde Alfredo Zegarra, en el fondo, es consciente de que este programa no saldrá y tal vez por eso intentó endilgarlo al Gobierno Regional?
No sé qué ocurra en su cabeza. Tal vez tuvo una buena intención, pero a veces nos cuesta reconocer que fue un exceso de entusiasmo y nos equivocamos, y llega un punto en el que mejor es retroceder que seguir avanzando.
En el Gobierno Regional también se habla de otro proyecto de vivienda en Yura, con intervención del sector privado. Serían casas a un costo social. En ese caso, ¿usted percibe algún problema para que se concrete?
Como está planteado, parece más razonable, pero habría que preguntarnos si los terrenos son urbanos. En Yura hay muchos terrenos que están ocupados, pero no son urbanos. Hay viviendas instaladas en zonas de riesgo. Lo primero que deben hacer el Gobierno Regional y la Municipalidad es identificar el terreno.
Porque, además, si hablamos de Yura, tal vez no acceda a todos los servicios.
Entonces volvemos al inicio. Primero, ¿hay agua?, ¿tiene cómo tratar las aguas servidas?
¡No aprendemos!
Podrían llegar a la planta de Escalerilla en Cerro Colorado.
Podrían, pero ¿hay el estudio técnico para ello? ¿Se da cuenta? En planificación se dice algo muy básico: la planificación es un peldaño entre la idea y su materialización. Muchas veces, como no hay planificación suficiente, de la idea salto a la materialización y después estamos en problemas. Reconozco que puede haber mucha buena voluntad, pero si no hay planificación, esas ideas están condenadas al fracaso y las pruebas las tenemos: el mismo cono norte, La Joya, ciudad Majes. No aprendemos de esos errores.
En el Gobierno Regional también se evalúa la venta de los terrenos a los posesionarios informales que se instalaron a los costados de la vía Arequipa-La Joya.
Pero volvemos al mismo problema: ¿hay servicios? Se les vende y ¿cuál será la siguiente petición?, ¿por qué será la siguiente marcha?, por agua.
Claro, porque se les estaría legitimando.
Así es, son métodos perversos.
¿Las autoridades no están expuestas a sanciones si actúan mal en estas situaciones?
Últimamente se dieron dos modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Se añadieron dos aspectos importantes que tienen que ver con estas labores del Municipio y el Gobierno Regional, que estamos comentando: se incorporó el principio de confianza legítima y el de responsabilidad de la administración; de esta forma las autoridades son responsables de las expectativas que crean en la población. Si esas expectativas frustradas causan un perjuicio económico a los ciudadanos, la administración estará en la obligación de reparar ese daño. Entonces deben tener cuidado, se debe tomar más tiempo en estas decisiones.
Es decir, las gestiones en ambos casos podrían verse obligadas a resarcir económicamente a los beneficiarios de estos programas si no se les garantiza las condiciones básicas de habitabilidad.
Claro. Las últimas modificaciones van en ese camino.
¿En ningún caso se particulariza la responsabilidad en la propia autoridad?
Claro. Después de que el ente administrativo repare el daño, les cobrará a las personas que intervinieron en esas decisiones.
¿A través de procesos administrativos y civiles?
Así es. Se contempla como en una responsabilidad solidaria. Recordemos que quienes asumen la responsabilidad son las personas naturales. La entidad pública no tiene por qué perjudicarse, ella no es la que ha ocasionado el daño, sino las personas que tomaron esas decisiones. Ya es momento de hacer un punto de quiebre y dar soluciones que realmente sirvan en el futuro y en esa línea una solución sería crear una nueva ciudad.
